Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– México cerró un 2014 inmerso en una profunda crisis económica, social y política que estalló con el asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43, el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El caso tiró por la borda la imagen que el Presidente Enrique Peña Nieto había proyectado al mundo, luego de la aprobación de una ola de reformas estructurales y que fueron vistas con beneplácito a nivel internacional.
La violencia ejercida por las autoridades municipales y de las policías de Iguala y Cocula contra los normalistas de Ayotzinapa provocó una gran indignación dentro y fuera del país, tanto por la actuación tardía del gobierno federal, que asumió la investigación ocho días después de la tragedia, como por la participación de funcionarios en los hechos.
Los padres de familia y compañeros de los jóvenes asesinados y desaparecidos emprendieron entonces un movimiento que, poco a poco, adoptó a decenas de miles de personas en México y el mundo para exigir al gobierno la aparición con vida de los 43 estudiantes y la aplicación de la justicia, en un país donde se reportan más de 22 mil desaparecidos.
La sociedad, harta de la violencia, la corrupción y la impunidad, salió a las calles y a las plazas de pueblos y ciudades en solidaridad con los estudiantes, primero; pero, luego, a la luz de los escasos resultados, también para demandar la renuncia de Peña Nieto, a quien durante este periodo se le sumaron varios escándalos por supuesto tráfico de influencias y corrupción, hechos que involucran a su esposa y a uno de sus hombres más cercanos: el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
Con un plan de seguridad que no convence, un movimiento social que no tiene pinta de ceder, su credibilidad en duda dentro y fuera del país, y elecciones legislativas en puerta, el Presidente Peña Nieto afronta un 2015 difícil, en el que tendrá que demostrar con hechos que el México de sus discursos puede convertirse en una realidad.
“Este año se define por una crisis en derechos humanos. Los casos de Tlatlaya [la matanza de 22 personas en el Estado de México por parte de militares] y Ayotzinapa evidenciaron que en México no se estaba tomando en serio el tema. Para nosotros, el 2014 se caracteriza por el quiebre de la imagen del gobierno federal, que se había construido”, considera Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En ese contexto, el presunto refuerzo de seguridad con la presencia de la Gendarmería Nacional en las entidades con graves brotes de violencia en la costa del Pacífico ha fracasado, y la paz social en Guerrero, Michoacán y Jalisco sigue amenazada; sumado a esto, en Morelos los secuestros y los señalamientos contra funcionarios por narcopolítica no cesan.
En este panorama nada alentador, en el Senado de la República concluyó el periodo de sesiones y la iniciativa de seguridad y combate a la corrupción remitida por el Presidente de la República tendrá que esperar hasta el próximo periodo ordinario para discutirse; es decir, hasta los primeros días de febrero de 2015.
“La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo no alcanzó los consensos entre los grupos parlamentarios para poder ser aprobada, y nosotros hemos aprobado una ruta pública de cómo desahogar las propuestas”, explicó el presidente de la Cámara Alta, el perredista Miguel Barbosa Huerta.
Así, quedan pendientes de definir como el Nuevo Modelo Policial, las leyes reglamentarias de la Fiscalía General de la República [que sustituirá a la Procuraduría General de la República] y el nombramiento de los fiscales Anticorrupción y contra Delitos Electorales.
Por si fuera poco, organizaciones civiles mostraron su inconformidad con la administración de Enrique Peña Nieto por no ser consultadas en la elaboración del Decálogo de Seguridad que presentó al iniciar diciembre pasado y con el que pretende relanzar su estrategia en esa materia. Los activistas reclaman que no se les pidió ninguna opinión al respecto, a pesar de que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública que el pasado fin de semana sesionó en Palacio Nacional.
LA ECONOMÍA DEL DESCONCIERTO
En su ultimo informe de este año, emitido el 28 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prometió que la economía nacional cerraría el año con un mayor dinamismo, mismo que continuará durante 2015.
Sin embargo, desde finales de septiembre, y en coincidencia con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la mayoría de los elementos relacionados con la economía vienen en picada, empezando por el precio del barril de la mezcla mexicana del petróleo que de tener un precio superior a los 102 dólares por barril en julio cerró 2014 en niveles de 47 dólares, rango que no alcanzaba desde 2009.
El tipo de cambio es otro de los indicadores que ha despertado temor entre los consumidores, ya que en el último trimestre del año la moneda mexicana ha perdido entre 10 y 15 por ciento de su valor, al superar el dólar los 15 pesos por unidad.
Tanto el caso del petróleo como el del dólar se atribuyen a la volatilidad que existe en los mercados internacionales por la sobreproducción del hidrocarburo por parte de países como Estados Unidos y Arabia Saudita.
En su momento, el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, aseguró que ni la baja en los petroprecios ni la volatilidad afectarán a la economía nacional que está anclada con tres pilares: la compra de coberturas petroleras por 770 millones de dólares, que protegen el precio del barril del hidrocarburo en 79 dólares, fijado en el Presupuesto de Egresos para 2015; las reservas internacionales, que al 26 de diciembre alcanzaban los 193 mil millones de dólares, según información del Banco de México (Banxico), así como la renovación de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 70 mil millones de dólares.
Pero esos tres pilares no calmaron la incertidumbre de los mexicanos que, por otro lado, en 2015 recibirán un aumento salarial de 2.87 pesos diarios, apenas suficientes para comprar un bolillo, un huevo, 10 tortillas o poco más de la mitad de un boleto de Metro.
El salario ha permanecido estancado al menos seis años, periodo en el que ha perdido hasta 25 por ciento de su poder adquisitivo como lo indican distintos cálculos.
El consumo fue también una muestra de la desconfianza de los mexicanos en la economía. Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) mostraron que entre enero y julio de este año el indicador disminuyó 1.8 con relación al mismo periodo del año pasado y tocó la cifra más baja en los últimos cinco años.
Además, la entrada en vigor de la Reforma Fiscal, el 1 de enero de 2014, que impuso nuevos impuestos a la población, mermó el poder de compra, detuvo inversiones y la generación de nuevos empleos.
En 2014, por ejemplo, los mexicanos pagaron impuestos de hasta 16 por ciento por tomar refrescos, comer pan de dulce, mascar un chicle y por el alimento de sus mascotas.
De esta forma, México cierra otro año que, en palabras del mismo Videgaray Caso, fue de crecimiento “mediocre”, y suma el segundo consecutivo en el que no se alcanzará la cifra prometida por el gobierno federal: 3.9 por ciento, sino que será de apenas 2 por ciento.
El último pronóstico de la SHCP dejó el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango de entre 2.6 y 2.2 por ciento. Sin embargo, el consenso generalizado es que será de 2.1 por ciento.
En materia de empleo, el país se queda otra vez lejos de la meta de crear un millón de plazas anuales, ya que hasta noviembre de este año se habían generado en el país 122 mil empleos formales, a pesar de que la tasa de desempleo a mismo mes se ubicó en 4.53 por ciento, la más baja del año.
En este 2015, el gobierno federal licitará los primeros contratos bajo el esquema de la Reforma Energética con los que se esperan ingresos extraordinarios por 14 mil millones de dólares, que es la única buena nueva que vislumbran analistas económicos y financieros.
LA CAÍDA DE LAS REFORMAS
El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en agosto pasado las leyes reglamentarias de la Reforma Energética, que abrió el sector de los hidrocarburos al capital privado tras más de siete décadas de monopolio estatal, y puso fin al ciclo reformador que el político mexiquense inició al asumir el poder en diciembre de 2012.
El conjunto de leyes en el sector energético fue aprobado a pesar del rotundo rechazo de la izquierda, que apostó sin éxito a la convocatoria de una consulta popular para revertir los cambios, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consideró inconstitucional.
Con el nuevo modelo energético, el gobierno prometió elevar el crecimiento en el mediano y largo plazos, atraer anualmente 10 mil millones de dólares de inversión extranjera y crear 500 mil empleos.
Tras una intensa fase parlamentaria, en la que también fueron aprobadas las leyes reglamentarias de las reformas en telecomunicaciones, competencia económica y político-electoral, el Ejecutivo federal puso la mira en una rápida y eficaz implementación.
El 1 de septiembre pasado, Peña Nieto presentó su Segundo Informe de Gobierno centrado en las reformas impulsadas en el campo económico para “apuntalar” el crecimiento, mientras en el terreno de la seguridad presumió de la reducción de la violencia y de los índices delictivos.
El optimismo sobre el futuro del país estaba en su punto más alto y expresiones como “México se está transformando”, “los astros se han alineado” y el país tiene una “oportunidad histórica” sustituyeron en el discurso oficial a las referencias sobre el narcotráfico y la violencia.
Pero el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de otros 43 alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala, Guerrero, cambió la narrativa y le recordó a millones de mexicanos que los años duros de la violencia del mandato de Felipe Calderón Hinojosa no habían terminado.
Alumnos de entre 18 y 21 años de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala, por los propios policías del municipio, cuando se desplazaban en varios autobuses que habían tomado. Seis personas murieron, incluidos tres normalistas, una mujer, el chofer de un autobús y un menor de edad, además de que 25 resultaron heridas.
En esas horas de violencia, 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.
De acuerdo con la investigación oficial, los ataques fueron ordenados por el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos relacionados con los Guerreros Unidos.
El móvil: impedir que los jóvenes, involucrados en un ataque a la Alcaldía en 2013, arruinaran un acto en el que la esposa de Abarca Velázquez lanzaba su candidatura para competir por la Presidencia municipal en las elecciones de 2015. Actualmente, ella se encuentra arraigada y él está preso por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.
ANTES FUE TLATLAYA
La crisis de credibilidad que sufrió el gobierno federal antes de Ayotzinapa fue el caso de Tlatlaya, en el Estado de México. El 30 de junio pasado, ocho militares efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal Número 2.
En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en Tlatlaya, el sargento segundo de Infantería, militar a cargo del grupo en terreno, se percató de una persona armada en una bodega sin puertas ni ventanas y, además, tres vehículos en su interior.
Los gobiernos federal y del Estado de México mantuvieron la versión de que el total de 22 muertos, incluidos dos varones de 17 años de edad y una jovencita de 15 años, fallecieron durante el curso del choque. Los militares implicados aseguraron que simplemente repelieron un ataque, mientras que sobrevivientes situaron a los soldados como los que iniciaron el combate.
Tres meses después de esa madrugada, nuevas evidencias provenientes de medios de comunicación extranjeros revelaron que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, incluidos los menores de edad.
La revista Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, citó la publicación estadounidense en su edición de México.
Asimismo, la agencia de noticias The Associated Press informó de un nuevo testigo que involucró a militares en un fusilamiento extralegal. De acuerdo con la agencia, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas.
En su investigación concluyó que los militares ingresaron al inmueble y ejecutaron entre ocho y hasta 15 sobrevivientes del tiroteo y entre éstos, posiblemente, personas secuestradas por La Familia Michoacana, grupo delictivo al que presuntamente pertenecían algunos de los sujetos parapetados en la bodega.
La PGR, mediante el oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la investigación. Pero planteó que no otorgaría la versión pública de los mismos debido a que era información reservada. El Gobernador Eruviel Ávila fue el primero el declarar “reservada” la investigación del caso; antes, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias.
El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya, debido a que en principio trató de negar los hechos y, más cuestionable aún, con el apoyo de Raúl Plascencia Villanueva, quien entonces era el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
EL CONFLICTO DE INTERÉS
En las últimas semanas, investigaciones periodísticas revelaron que dos figuras del entorno más cercano al Presidente, su esposa Angélica Rivera y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Luis Videgaray Caso, compraron millonarias casas a Grupo Higa, un contratista del gobierno que este año ganó, en consorcio con otras firmas, una licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro.
Peña Nieto canceló la licitación en noviembre pasado, después de una avalancha de críticas por un proceso que sólo contó con un participante.
Luego, tras la revelación de que su esposa había adquirido una mansión de 86 millones con la ayuda de Grupo Higa, el mandatario hizo pública su declaración patrimonial para darle más “confianza a los mexicanos”. Además, anunció que Angélica Rivera daría la cara y explicaría cómo adquirió la famosa “casa blanca”; el resultado fue desastroso en términos mediáticos y hasta prestigiados diarios y revistas criticaron la exposición de Angélica Rivera, quien argumentó que su salario como actriz de Televisa había costeado la multimillonaria adquisición.
En este contexto, apremiado por las multitudinarias protestas en el país, algunas de las cuales han derivado en actos violentos, y con su estrella internacional en declive, el Presidente anunció una plan de seguridad que incluye tres reformas constitucionales que buscan atajar la infiltración del crimen organizado en los municipios.
Sin embargo, las medidas fueron calificadas como “cosméticas” e “insuficientes”. En opinión de los partidos de oposición, no resuelven el problema de fondo de la inseguridad, debilitan a los municipios y fortalece a los estados, donde también se infiltran las mafias.
EL FRACASO EN MICHOACÁN
Pese a la creación de una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán por parte del gobierno federal, la violencia y el terror no se han ido de ese estado.
Durante la segunda semana de diciembre se registró un enfrentamiento a balazos entre grupos de policías comunitarios comandados por Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres “El Americano”, con saldo de once muertos, entre ellos el hijo de Mora. En la balacera participaron unas 400 personas.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 16 de diciembre cuando ambos grupos se encontraron en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista Tomatlán. Manuel Mora, hijo del fundador de las autodefensas, fue uno de los fallecidos, confirmaría horas más tarde el Comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes.
Los líderes de ambas facciones de policías comunitarias no fueron detenidos al momento y sus primeras declaraciones las realizaron ante los medios de comunicación. Hipólito aseguró que Luis Antonio Torres “El Americano” y su gente fueron los primeros en disparar, y su hijo Manuel, el primero en caer.
Según Mora Chávez, lo único que hicieron él y su gente fue defenderse de la agresión. Declará que con la muerte de su hijo le pegaron en lo que más le duele, y criticó que el Comisionado Alfredo Castillo se empeñe en decir que es un pleito con “El Americano”, cuando sabe que la situación en Michoacán no ha mejorado.
Por su parte, la Diputada local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Selene Vázquez Alatorre, explicó que la entidad perdió su soberanía desde que el gobierno federal designó a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado especial para la región, “el Estado de Derecho en Michoacán está absolutamente roto, porque aquí hay un virrey que es plenipotenciario, que está encima de todos los poderes”, remató.
Diversos sectores, además del político, están inconformes ante el fracaso manifiesto del Comisionado Castillo, quien no ha cumplido con las de por sí precarias expectativas de dar paz y tranquilidad a la entidad, y mucho menos ha detenido al líder del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien se ha convertido en un capo escurridizo, aun cuando constantemente figura en videos y mensajes expuestos abiertamente a través de las redes sociales.
